El lema responde a que los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 cuentan con en el ODS 16 “Paz, justicia e instituciones sólidas” y entel aparece la meta 16.3 “Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos”. También, la meta 16.7 “ Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades” y la meta 16.10 “Garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales”.

Asimismo, garantizar el acceso a la justicia y el empoderamiento jurídico incentivan para avanzar en el cumplimiento de los diversos ODS, ya que contribuye a la reducción de la pobreza y la desigualdad, facilita la generación de oportunidades equitativas y sostenibles para el bien común y, fortalece la construcción de sociedades pacíficas e inclusivas (Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, 2023).

Según el PNUD (2023), el acceso a la justicia es pieza clave para la defensa de los derechos, el impulso del desarrollo humano y la promoción de una convivencia armoniosa en la sociedad, asegurando que todas las personas puedan ejercer sus derechos en igualdad de oportunidades. En Paraguay, este derecho está garantizado por la Constitución Nacional, en el artículo 17, donde se establece que todas las personas tienen derecho a acceder a los tribunales para la protección de sus derechos. Además, la Ley Nº 1.722/2001 de la Defensa Pública, asegura que la asistencia legal debe ser gratuita.

Sin embargo, el acceso a la asistencia legal gratuita se convierte en un desafío debido a factores como la insuficiencia de recursos destinados a la justicia, la falta de personal capacitado en las áreas rurales y un nivel elevado de percepción de la corrupción del país (Banco Interamericano de Desarrollo, 2021). Este último factor afecta directamente a la transparencia y eficacia de las instituciones judiciales (Índice de Percepción de la Corrupción, 2021). Demostrando que, a pesar de los esfuerzos del Ministerio de Justicia y el Ministerio de Educación y Ciencias para promover políticas educativas orientadas al empoderamiento social y jurídico, aún persisten obstáculos de acceso pleno a los derechos y mecanismos de protección (MEC, 2022).

A partir de lo expuesto, se puede concluir que, si bien existen avances normativos y esfuerzos institucionales, en Paraguay aún persisten barreras que dificultan el ejercicio pleno de los derechos. En esa línea es que la UNAE, con su visión de democratización del conocimiento y aportando a las políticas públicas, dispuso la Asesoría Legal Probono-UNAE (Chudyk et al., 2022).

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