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garantiza. En cualquier caso, como ya se dijo, esta suerte de presión o exigencia (interna
y externa) fue relajándose con el correr de los días en los niveles primario y secundario.
Esto, en la medida en que ganaron legitimidad ciertos discursos acerca de la importancia
de garantizar la salud mental y no agravar ciertas conflictividades en tiempos de
cuarentena, dado el completo desconocimiento que tenemos acerca de su propia
dinámica, lo que implica no poder garantizar respuestas eficaces. En medio de este
complejo escenario, lo que más debiera preocupar a funcionarios, docentes y directivos
es qué pasa al otro lado de la señal. Por más diversas y ricas que resulten las propuestas
que el propio sistema educativo pueda elaborar, hay un universo al otro lado de la pantalla
que debe ser explorado. Conectar en estos tiempos de clases virtuales no es algo sencillo
de lograr.
Según datos del Indec, sabemos que a fines de 2018 el 62,5% de los hogares tenían
computadora, mientras el 81,7% contaba con acceso a Internet. Esto no permite hablar de
universalización, aunque sí de una verdadera ampliación del acceso y la conectividad. A
esto cabe agregar algunos de los datos que pudimos relevar hasta ahora, según los cuales
el 27,3 y 40% de los docentes y estudiantes, respectivamente, manifiestan tener problemas
de conexión siempre o casi siempre, lo que incluye problemas en la carga o descarga de
datos (por saturación, caída del sistema, demoras y problemas con el servidor, entre
otros). En cuanto al dispositivo que utilizan con mayor frecuencia, el 29% de los
estudiantes señalan su celular, algo que debe ser tenido especialmente en cuenta a la hora
imaginar la escuela o la universidad en tiempos de virtualidad obligatoria. En este punto,
no debiera sorprendernos el hecho de que la principal problemática que surgió, en el
marco del creciente y vertiginoso proceso de virtualización de los procesos educativos,
haya sido el reclamo por la liberación de los datos de carga y descarga que se
corresponden con el uso de plataformas educativas. Vale destacar que, tanto el gobierno
nacional como los provinciales, hayan acordado con las empresas de telefonía móvil que
las distintas plataformas que se fueron habilitando en cada distrito no implicaran un gasto
de “megas” a los usuarios. Pero no hay que olvidar que aquellos videos y archivos de