1
HACIA UNA CONCEPTUALIZACIÓN DEL ESTADO POLICIAL EN AMÉRICA
LATINA: REVISIÓN SISTEMÁTICA DE CONTRIBUCIONES RECIENTES
Macarena Roldán
1
Universidad Nacional de Córdoba - Argentina
Silvina Meritano
2
Universidad Nacional de General San Martín - Argentina
RESUMEN
En la actualidad, existen numerosos debates que alertan acerca de los rasgos punitivistas
asociados al funcionamiento del Estado. Nuestro interés en la noción de Estado Policial parte
de que se trata de una categoría política extensamente utilizada para denunciar prácticas de
violencia institucional, encarcelamiento masivo y detención dirigida a sectores desfavorecidos,
por lo que buscamos en este artículo contribuir al debate teórico actual de este problema en
América Latina. Este estudio rastrea la elaboración conceptual de la noción de Estado Policial
en estudios regionales, particularmente en investigaciones de la última década. Para ello, se
realizó una revisión sistemática de la literatura científica publicada entre los años 2010 y 2019.
Tras aplicar sobre dicha búsqueda criterios de inclusión y exclusión, resultaron doce artículos
que abordaron la noción ‘Estado Policial’. Al analizar los tópicos planteados en estos estudios,
fue posible reconocer elementos y procesos comunes caracterizados bajo la noción de Estado
Policial en distintos países de la región. En consecuencia, la expansión de estas
(re)configuraciones estatales es presentada como un problema social y político relevante en los
últimos años, que debe ser revisada y profundizada en la actualidad a partir de los aportes de
las ciencias sociales.
Palabras clave: Estado - Estado Policial - América Latina - Neoliberalismo - Violencia Estatal.
1
Dra. en Psicología (CONICET – Universidad Nacional de Córdoba). Correo electrónico:
macarena.roldan@unc.edu.ar
2
Doctoranda en Sociología (Universidad Nacional de General San Martín). Becaria doctoral CONICET
(CIECS - Universidad Nacional de Córdoba). Correo electrónico: silvinameritano@gmail.com
2
ABSTRACT
Currently, there are numerous debates that warn about the punitivist features associated with
the functioning of the state. Our interest in the notion of the police state stems from the fact that
it is a political category widely used to denounce practices of institutional violence, mass
incarceration and detention directed at disadvantaged sectors, and we seek in this article to
contribute to the current theoretical debate on this problem in Latin America. This study traces
the conceptual elaboration of the notion of the police state in regional studies, particularly in
research from the last decade. To this end, a systematic review of the scientific literature
published between 2010 and 2019 was carried out. After applying inclusion and exclusion
criteria to this search, twelve articles were found that addressed the notion of the 'police state'.
By analysing the topics raised in these studies, it was possible to recognise common elements
and processes characterised under the notion of the police state in different countries in the
region. Consequently, the expansion of these state (re)configurations is presented as a relevant
social and political problem in recent years, which must now be reviewed and deepened based
on the contributions of the social sciences.
Keywords: State - Police state - Latin America - Neoliberalism - State violence.
1. Introducción
1.1. Estado Policial: Propuestas y reconstrucciones conceptuales
El uso de la noción “Estado Policial” se encuentra ampliamente extendido en los
trabajos empíricos y teóricos, realizados en el campo de los estudios sobre seguridad. Como
punto de partida, nos proponemos establecer algunas consideraciones teóricas acerca del
concepto de Estado Policial, teniendo en cuenta los principales autores que han desarrollado la
noción.
Dentro de las primeras indagaciones teóricas acerca del Estado Policial como categoría
analítica, encontramos los trabajos de Michel Foucault. El autor francés analiza la función de
3
policía en el marco de la razón gubernamental de Estado en sus cursos del College de France:
“Seguridad, territorio y población” (1978) y “El nacimiento de la biopolítica” (1979). La
reconstrucción genealógica
3
la sitúa como un conjunto tecnológico característico del nuevo arte
de gobernar que se inicia entre los siglos XVII y XVIII y conforma uno de los principales rasgos
de los gobiernos modernos. El Estado de policía se interesa por lo que los hombres hacen en su
actividad y ocupación. Consiste en una serie de intervenciones y medios que procuran
maximizar la vida de la población “para aumentar la fuerza del Estado” (Foucault, 2016b) y
tienen un alcance que podríamos calificar de ilimitado, pues su objeto es casi infinito
4
.
La policía ubica al gobierno en línea descendente ya que se centra en la conducta de los
individuos y las familias
5
. Se ocupa de la administración de la vida a través de intervenciones
calculadas y racionales tanto sobre los cuerpos como sobre los objetos urbanos (calles, plazas,
edificios, bienes). La asignación de una función represiva a la policía ocurre en el siglo XVIII
(Foucault, 2016b), cuando aparece como un instrumento del Estado cuya función es la
eliminación del desorden. Foucault (2016a) se vale de la noción alemana de Polizeistaat para
hacer referencia al Estado Policial, como arte de gobernar, inaugurando una nueva concepción
del poder y de las formas de gobierno
6
.
Otra referencia central en los estudios sobre policiamiento y penalización del Estado es
Löic Wacquant. Wacquant (2004) señala un fenómeno contemporáneo que tiene lugar en
múltiples regiones del globo, referido a un debilitamiento de la dimensión social del Estado y a
un despliegue abierto de su brazo penal. Sus obras (2004; 2012; 2006) señalan la estrecha
relación entre el aparato estatal y la configuración y expansión de la impronta punitiva. Estos
procesos se materializan, a escala mundial, en lo que se ha denominado “tolerancia cero”, en
tanto instrumento estratégico de legitimación de la gestión policial y judicial de la pobreza, en
3
Siguiendo los tratados sobre la Policía (entre siglos XVI y XVIII) por parte de Turquet de Mayenne,
Wilebrand, Delamare, Von Justi y Huhenthal, por nombrar algunos de los desarrollos teóricos que
Foucault (1990) retoma en su análisis, pretenden demostrar la extensión de las utopías de Estado que
circulaban en Europa (Alemania, Italia, Austria, Francia y Rusia) y que tenían a la función de policía en
su centro.
4
Siendo en el siglo XVIII el derecho la única herramienta de la que pueden valerse las personas para
limitar la extensión indefinida del Estado policial, el que actúan como sustractor del poder.
5
Esta misma línea de trabajo fue analizada por algunos de los discípulos de Foucault, entre ellos se
encuentran los trabajos de Jacques Donzelot (2008), en particular “La policía de las familias”.
6
Sus indagaciones no presentan al Estado como un “monstruo frío”, un a priori lanzado en un momento
de la historia de la humanidad, sino como el correlato de una manera determinada de gobernar (Foucault,
2016b, p.21)
4
su vertiente punitivista y de control. Esta “penalización de la pobreza” (Wacquant, 2012) se
pone de manifiesto en un conjunto de políticas de seguridad marcadamente enfocadas en los
sectores desfavorecidos, al tiempo que se erosiona la red de seguridad social. El autor
caracteriza estos procesos como el “puño de hierro” del Estado, en articulación metafórica con
la afamada “mano invisible” del mercado, alegoría que alcanza en lo real potentes efectos. En
tal sentido, el proyecto neoliberal, para su efectivización, requiere una serie de regulaciones,
gestiones y controles de la diferencia o, más bien, de la desigualdad. La penalización de la
pobreza constituye, así, un elemento clave en la expansión y la vigencia de dicho proyecto
(Wacquant, 2012).
Dado que los orígenes del concepto se sitúan en lecturas acerca de la realidad
estadounidense y europea, nos preguntamos por las particularidades de los procesos de
policiamiento del Estado en América Latina y los modos en que dichos escenarios han sido
aprehendidos por la producción de conocimiento local. Para ello revisitamos los aportes al
campo académico de distintos autores de la región, a partir de los siguientes interrogantes
orientadores: ¿qué desarrollos se dieron en torno a la noción de Estado Policial en América
Latina en los últimos 10 años? ¿Cómo se ha trabajado el concepto en la región y qué
características se le atribuyen? En tal sentido, nos proponemos reconocer construcciones
conceptuales y características asociadas a la configuración del Estado Policial en trabajos
latinoamericanos de la última década (2010-2019).
1.2.Las derivas del Estado policial en América Latina
¿Por qué es importante encarar la construcción de un estado del arte de la noción de
Estado Policial desde una perspectiva regional? En los países latinoamericanos, el uso abusivo
y arbitrario de las fuerzas estatales que recae en sectores de la población ubicados en
condiciones desventajosas respecto de los sectores de poder constituye un fenómeno extendido
en la región. Entre los componentes que delimitan una situación de exposición a la violencia
policial se encuentran las inscripciones territoriales, de clase, etnia, género, pueblos originarios
e incluso la pertenencia a grupos activistas (Agudelo López, 2013; Ciuffolini, 2017; Job, 2013;
Valenzuela Arce, 2018). Estos procesos han sido objeto de demandas de organizaciones
políticas y también han recibido una atención considerable de parte del campo académico. Así,
5
han proliferado investigaciones acerca de la violencia policial, centrando cada vez más la
mirada en el rol del Estado (Guemureman et al., 2017).
En este marco, la noción de Estado Policial se ha tornado una referencia conceptual
visitada con frecuencia por los estudios latinoamericanos de seguridad. No obstante, no puede
confirmarse la existencia de un piso de acuerdos respecto de qué se entiende por esta categoría,
aunque comúnmente sea empleada para describir escenarios punitivos y de control sostenidos
a través de la fuerza pública. De esta forma, gana importancia la necesidad de identificar y
reconocer un horizonte conceptual en torno a las características que asume dicha configuración
del Estado, desde una perspectiva regional. En tal sentido, se propone una revisión sistemática
de la literatura científica reciente de América Latina con el propósito de explorar las principales
líneas de sentido abordadas, en orden a contribuir a la construcción conceptual de la categoría
Estado Policial en clave regional.
2. Metodología
Se utilizó como método la revisión sistemática de literatura científica que permite la
indagación del campo académico, de forma ordenada, a partir de una pregunta de indagación.
Esto posibilita realizar una valoración crítica y la selección del material que se utilizará para el
análisis (Sánchez-Meca, 2010).
La condición para la consideración de artículos fue que abordaran la noción “Estado
Policial” y estuvieran publicados en repositorios virtuales, disponibles en formato electrónico.
Para la búsqueda, empleamos las comillas con el propósito de restringir los resultados y evitar
que aparecieran los conceptos por separado. Se consultaron las siguientes bases de datos:
Google Scholar, Scielo, Redalyc y LA Referencia, a partir de las cuales se seleccionaron
artículos completos, disponibles de forma gratuita, publicados en los últimos diez años (2010-
2019). De acuerdo con estos criterios de selección, se decidió dejar de lado tesis, columnas de
reflexión, libros, reseñas de libros y ponencias en eventos científicos. De este modo, se
seleccionaron artículos producidos en países de América Latina, en español y portugués, en los
que la categoría “Estado Policial” apareciera en el título, el resumen o entre las palabras clave.
La búsqueda se llevó a cabo en el mes de abril de 2020 y se tomó como criterio de finalización
de búsqueda la no aparición de nuevos resultados en cinco páginas consecutivas, en cada una
6
de las bases. Los artículos duplicados fueron eliminados. Así, el remanente fue un total de 30
artículos preseleccionados.
Luego de esta composición inicial del corpus, se procedió a realizar una lectura detenida
del resumen y del cuerpo del texto para constatar que los trabajos seleccionados efectivamente
desarrollaban una caracterización del concepto Estado Policial.
En cuanto a las bases de datos, los artículos fueron identificados en la siguiente
proporción: la primera búsqueda en Google Scholar arrojó un total de 19 artículos que se
depuraron de acuerdo con los criterios de selección, quedando 5 seleccionados y 12 descartados
por no ajustarse a dichos criterios. Por su parte, en Scielo aparecieron 5 resultados, 1
seleccionado y 4 descartados. En Redalyc, se encontraron 2 resultados que cumplieron con los
criterios de selección, pero sólo 1 fue considerado ya que el restante se descartó por duplicación.
Respecto de LA Referencia, se obtuvieron 6 resultados de los cuales 1 fue descartado (por no
ser de acceso abierto) y 5 fueron incorporados al análisis. De esta forma, la muestra final estuvo
compuesta por 12 artículos que reunieron los requisitos para formar parte del análisis definitivo,
y otros 18 se descartaron.
3. Resultados de la revisión
En la Tabla 1 se presentan los artículos seleccionados a partir de la revisión sistemática.
Las contribuciones se detallan cronológicamente y, luego, se realiza una síntesis del contenido
que discuten y de la concepción de Estado policial que desarrollan.
Tabla 1. Artículos incluidos en la revisión sistemática, período 2010-2019
Autores
Año
Título
País
Cunjamá López, E.
D. y Loría
Caballero, I. H.
2010
Sociedad de la vigilancia y
Estado policial: Análisis de
las tecnologías y aparatos de
control
México
Cunha. J. R.
2011
Estado Policial ou Estado
Social?
Brasil
7
Da desigualdade radical à
exigência de uma ética da
alteridade
Chirino Sánchez,
A.
2011
Política criminal, riesgo e
inseguridad. Un análisis en
las antípodas del derecho
penal moderno.
Costa Rica
Cruz Castro, F.
2011
La violencia del derecho
penal. represión punitiva,
discriminación y la
postergación del estado
social
Costa Rica
Alves, F. A.
2012
Entre as FARC o MST, entre
a violência no campo o
Estado policial na América
Latina: Aspectos distintos de
conflitos agrários históricos
no Brasil e Colômbia.
Brasil
Nunes Bittencourt,
R.
2014
A configuração do Estado
Opressor e o projeto de
resistência multitudinária
contra a violência policial
Brasil
Semer, M.
2015
A configuração do Estado
Opressor e o projeto de
resistência multitudinária
contra a violência policial
Brasil
8
Soares e Souza, T.
G.
2015
Estado Policial e
Criminalização dos
Movimentos Sociais. Notas
sobre a Inconstitucionalidade
do Decreto nº 44.302/13 do
Governo do Estado do Rio
de Janeiro
Brasil
Guemureman, S.
2015
Jóvenes y sistema penal: de
las leyes que no fueron y de
las leyes que pueden ser. El
espejo de Brasil.
Argentina
De Souza Barbosa,
K. y Morgadinho
dos Santos Coelho,
N. M.
2017
A questão étnico-racial do
sonho americano: o
encarceramento dos pobres e
negros no Estado policial.
Brasil
Garriga Zucal, J. y
Maglia, E.
2018
¿Qué es un policía? Un
estudio sobre las
representaciones del trabajo
policial
Argentina
Cárdenas Gracia, J.
2019
El debate sobre la Guardia
Nacional. Revista de la
Facultad de Derecho de
México
México
Fuente: elaboración propia.
El artículo presentado por Cunjamá López y Loría Caballero (2010) es un trabajo de
discusión teórica situado en la ciudad de México. Los autores realizan un análisis de los modos
en que se ha configurado una sociedad de vigilancia en la actualidad. Caracterizan al Estado
Policial a partir del uso de tecnologías de vigilancia y control, destacando las diferencias que
se presentan en la gestión de la población: aquellos cuerpos que se someten a la vigilancia
9
(dóciles) son tratados menos violentamente que aquellos que se le oponen, quienes reciben el
mayor grado de violencia. Así, esta vigilancia no recae sobre todos los habitantes por igual,
sino que el Estado Policial se enfoca especialmente sobre grupos identificados como
delincuenciales, tal es el caso de las redes de narcotráfico.
Por su parte, el artículo de Cunha (2011) se sitúa en Brasil y expone una perspectiva
que parte desde el campo jurídico. Hace hincapié en las características que asume un Estado
que invierte mayor presupuesto en las fuerzas policiales que en la protección social. Esas
políticas de seguridad están orientadas a los sectores empobrecidos que son quienes más
padecen la violencia estatal. La protección policial es pensada en términos de guerra y el
enemigo es ubicado internamente a partir de una lógica de desigualdad. De este modo, las vidas
de los sujetos pobres se tornan susceptibles de muerte. Así, se asiste a un fracaso del Estado de
derecho que, perversamente, se convierte en un estado de no-derecho. Esto se apoya, en buena
medida, en la existencia de una naturalización social de esa violencia que se traduce en
aceptación o incluso indiferencia de parte de los sectores que no la sufren de manera directa.
Sánchez Chirino (2011) presenta una discusión teórica acerca del Estado Policial en el
derecho penal moderno y, a su vez, sitúa su análisis en Costa Rica. Explica cómo la
“epistemología del riesgo” ha colonizado el derecho penal transformándolo en una herramienta
para generar seguridad, produciendo una explosión de los tipos penales y una crisis de su
legitimidad. Realiza una crítica a las intervenciones realizadas bajo el paradigma de la
prevención que funcionaliza el discurso de la víctima. Asimismo, cuestiona el aumento de la
criminalización a partir de delitos de peligro abstracto, es decir, aquellos que aún no se han
cometido, sino que se instalan a partir de la noción de riesgo. Así, tiene lugar una disminución
de las garantías del proceso penal que lo aleja de sus principios limitadores, volviéndolo una
herramienta para la criminalización de los problemas sociales. Concluye que una política
criminal democrática no puede comprometerse con un aumento del “Estado Policial”, es decir,
crear condiciones para que aumente la represión de las disidencias, los estereotipos y las
persecuciones raciales.
En esta misma línea, el texto de Cruz Castro (2011) realiza un análisis de la expansión
del derecho penal en Costa Rica. Aborda el Estado Policial asociado a la inseguridad y al
aumento del control del Estado en detrimento de las garantías constitucionales. Sostiene que la
represión es aplicada como una política pública de amplio alcance y el derecho penal aparece
10
con una función pedagógica. Atribuye a los medios de comunicación un rol preponderante en
la magnificación de las demandas ciudadanas por la ampliación de los instrumentos de violencia
estatal. En paralelo, el punitivismo justifica la represión preventiva, aunque se trate de hechos
futuros e hipotéticos. El autor sostiene que la represión está dirigida a determinados grupos, las
clases subalternas, haciendo desaparecer la criminalidad de los poderosos y profundizando la
desigualdad. Así, en nombre de la seguridad se autorizan los excesos y el poder sin límites se
convierte en la única forma de vencer a un enemigo que se presenta como invencible e
incontrolable.
El estudio de Alves (2012) compara aspectos del conflicto agrario entre la figura del
Estado y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en el país homónimo, y
el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST), en Brasil. El autor parte de
preguntarse si estos conflictos han dado lugar a la instalación de un Estado Policial anómalo,
respecto del Estado Democrático de Derecho que debería primar. Enfocándose en el caso
brasileño, señala que el proceso creciente de criminalización del MST contribuye a la
militarización del aparato represivo del Estado. Esto, a su vez, se inscribe en un proceso de
criminalización del conflicto social en general. Para el autor, la configuración de un Estado
Policial se da, necesariamente, en alianza con el proyecto neoliberal: libertad económica y
control social constituyen piezas de una misma maquinaria.
Nunes Bittencourt (2014) realiza un recorrido teórico-filosófico con el propósito de
caracterizar al Estado. Así, afirma que este se configura como un mecanismo represor de las
clases económicamente desfavorecidas en orden al sostenimiento de los intereses de las elites
sociales. Toma por caso lo que ocurre en Brasil y señala un fenómeno de ramificación punitiva
del Estado, sostenido por sus corporaciones policiales. El Estado es, así, más que el detentor de
la violencia legítima, es quien establece el uso arbitrario de la fuerza o violencia contra las
instancias sociales incapacitadas de defenderse económicamente. Esto se da en comunión con
los presupuestos neoliberales que permean las políticas públicas y la propia configuración del
Estado opresor. En tal sentido, afirma que en Brasil impera la violencia policial, configurando
subjetividades teñidas de opresión, miedo, indignación y odio. Rige un Estado Policial en el
que la pobreza es criminalizada, especialmente la que habita en las favelas. Asimismo, llama la
atención acerca de la ideología militarista de cuño fascista de la formación del personal policial
que acaba impregnando la subjetividad del agente en acción.
11
Semer (2015), por su parte, plantea una interrupción en el desarrollo de la democracia
al consolidarse un Estado Policial. Se refiere a una consagración de la represión y a una
entronización de dicho Estado Policial a partir de lo cual este se consagra como el contrapunto
del Estado Social. Vincula esta configuración del Estado con la mercantilización de las
relaciones sociales y políticas que, finalmente, da lugar a una dictadura sin dictador. El autor
cuestiona el papel de los medios de comunicación masiva en Brasil ya que, en sus discursos,
todo lo que está mal, es costoso o ineficiente aparece asociado al Estado y a lo público, excepto
el Derecho Penal que, irónicamente, es presentado como blando, tolerante, permisivo.
Soares e Souza (2015) aborda la criminalización de los movimientos sociales en Brasil
y afirma que, invariablemente, la respuesta estatal a los levantamientos populares se dio a partir
del aparato policial y judicial, como estrategias de criminalización. El autor sostiene que el
Estado Policial necesita la criminalización de los movimientos sociales puesto que el
sostenimiento del orden público es subsidiario del mantenimiento de la estructura de clases. En
su artículo analiza el caso puntual de la represión a las manifestaciones “Movimento Passe
Livre” contra los aumentos en la tarifa de transporte en Río de Janeiro. La contención represiva
estuvo anclada en la Policía Militar (PM) con la colaboración de la Policía Civil y la Fuerza
Nacional de Seguridad. La PM es reconocida por su altísima letalidad, especialmente en las
favelas y en las periferias urbanas. El autor concluye que, en Brasil, se implementa una política
de Seguridad Pública que construye, en el imaginario social, el combate a las clases pobres
como peligrosas, erigidas como enemigo público.
Silvia Guemureman (2015), desde Argentina, presenta una discusión teórica a partir de
las reformas legislativas orientadas a la criminalización de los jóvenes latinoamericanos. Define
al Estado Policial desde las distintas reformas penales en países de la región, la multiplicación
exponencial de las fuerzas de seguridad, la intervención multiagencial, el cálculo de riesgos, las
penologías actuariales y las lógicas de privatización multifacéticas. Sostiene que los medios de
comunicación son responsables del desarrollo de una criminología mediática, que amplifica el
discurso del miedo y el cuestionamiento al rol del Estado en tanto garante de derechos. Estas
demandas ciudadanas han posibilitado una inflación penal que puede constatarse en Brasil,
Argentina y México. Reformas penales implican un aumento de la criminalización de los
jóvenes, en especial aquellos de sectores subalternos. Dentro de estas medidas se destacan
12
aquellas orientadas a disminuir la edad de imputabilidad, propuestas en varios países de la
región.
De Souza Barbosa y Morgadinho dos Santos Coelho (2017) abordan específicamente la
cuestión étnico-racial del Estado Policial en Brasil. Afirman que esta configuración estatal
constituye un modelo tomado de EE.UU., promovida por el neoliberalismo, que impone la
dominación de la clase trabajadora, la marginación de los pobres y el fortalecimiento de la
segregación étnico-racial. Así, existe una transición del tratamiento social de la pobreza (Estado
Social) a un tratamiento penal del pobre (Estado Policial) con la promoción del encarcelamiento
masivo de pobres y negros. El brazo punitivo del Estado, que debería ser empleado en último
término, se convierte en un primer nivel de control social –arbitrario, desigual y contrario al
Derecho. En Brasil, esto adopta la forma de superencarcelamiento de sujetos pobres y negros,
especialmente, entre la población juvenil.
En su trabajo, Garriga Zucal y Maglia (2018) realizan un análisis de la categoría Estado
Policial, a partir de la legislación policial y entrevistas mantenidas con oficiales de policía en
Argentina. Presentan otra forma de comprender el concepto, el cual utilizan para referirse a los
modos en que el agente define su función y, con él, se define a sí mismo. Así, el ser policía es
un estado de vida. Incluso se reconoce el estado policial de aquellos que se encuentran retirados
de la fuerza y se les exige actuar en caso de que un hecho ilícito lo requiera.
Por último, Cárdenas Gracia (2019) presenta una discusión teórica acerca de lo que
puede considerarse un Estado Policial a partir de características vinculadas al estricto control
social sobre las libertades civiles y la legitimación de la policía. También señala la creación de
enemigos internos que sustenten la necesidad de estas intervenciones y una seguridad no
vinculada a los derechos humanos sino al control. Este modelo securitario, si bien conserva
elementos democráticos, adopta rasgos autoritarios (control de la prensa, leyes arbitrarias,
excesivo uso de estrategias de control). El rol de las empresas transnacionales en el
fortalecimiento de los Estados policiales no es menor, puesto que dependen de ellos para
proteger sus intereses en los territorios nacionales, lo que las lleva a promover el aumento de la
represión por parte de la policía y el ejército. Fuerzas que, a su vez, se hallan amparadas por
regímenes jurídicos de excepción en sus acciones violentas hacia la sociedad civil. En estos
Estados se criminaliza la protesta y los movimientos sociales, los cuales son asimilados al
terrorismo y la delincuencia.
13
4. La conceptualización de Estado Policial en los estudios latinoamericanos
A partir de esta revisión sistemática y de las sucesivas lecturas críticas de los textos, fue
posible identificar intersecciones y consonancias que permitieron reconstruir una primera
aproximación a la conceptualización del Estado Policial en el contexto latinoamericano.
Encontramos que, quizás, quien define con mayor precisión conceptual al Estado Policial es
Cárdenas Gracia (2019). El autor caracteriza tres dimensiones que componen, a su criterio, el
Estado Policial: legislativa, administrativa, transnacional. Estas líneas de sentido son retomadas
en otros trabajos, presentando consonancias conceptuales e interpretativas. El único trabajo que
difiere en la conceptualización de la categoría Estado Policial es el de Garriga Zucal y Maglia
(2018), quienes caracterizan al Estado Policial en estrecha conexión con las fuerzas de
seguridad, especialmente la policía. La categoría hace referencia, así, a los modos de ser y estar
exigidos, por parte de la institución policial, a su personal, los cuales se hacen extensivos a su
vida diaria (por fuera del horario de servicio). Esta línea de estudios antropológicos,
desarrollada por autores, se ocupa de pensar las transformaciones en las fuerzas de seguridad y
permite ampliar la comprensión de los modos en que el Estado Policial se consolida a través de
ella. Esta perspectiva remite al análisis tanto de la formación de los agentes como de la función
represiva propia de las instituciones policiales.
A partir de las caracterizaciones ofrecidas por los trabajos revisados, emergieron
diálogos posibles entre los diferentes autores. En primer lugar, casi la totalidad de los trabajos
coinciden en ubicar la constitución y consolidación del Estado Policial enmarcado en el
neoliberalismo. Cárdenas Gracia (2019) establece que el Estado Policial es una necesidad y un
fin del Estado neoliberal que recurre a esta estrategia en pos de la pacificación de las
desigualdades que el modelo económico genera para la población. Dicho autor también subraya
la importancia de las empresas transnacionales en el reforzamiento de la seguridad, puesto que
le exigen a los Estados nacionales que actúen en defensa de sus intereses comerciales y
productivos en los países donde operan. Esto se refleja en la extensión de la doctrina de
seguridad nacional de los Estados Unidos hacia países Latinoamericanos, con graves perjuicios
para la población civil.
En esta línea, se inscribe el trabajo de De Souza Barbosa y Morgadinho dos Santos
Coelho (2017), quienes postulan que el Estado Policial se muestra como una forma de
14
organización de lo público tomada del modelo estadounidense. Afirman que la disminución en
el presupuesto estatal para políticas sociales (salud, educación, asistencia social), corre pareja
al aumento sostenido de los fondos destinados a la represión penal. Guemureman (2015) se
suma a la denuncia de la transformación de las políticas sociales en políticas de seguridad “para
la inclusión social”, como en el caso del Servicio Cívico Voluntario en Valores (Argentina) y
los proyectos de “pacificación” de las favelas en Brasil. Ambas iniciativas se sustentan en el
papel central de las fuerzas de seguridad en territorios considerados conflictivos.
Encontramos un posicionamiento similar en los trabajos de Cunha (2011), Alves (2012)
y Semer (2015), quienes destacan el mayor gasto del Estado en protección policial que en
protección social, configurando, así, una transición diagramada del Estado Social al Estado
Policial. Tanto Alves (2012) como Nunes Bittencourt (2014) afirman que el neoliberalismo
potencia el Estado Policial y son convergentes, puesto que la desregulación de la soberanía
estatal en el capitalismo tardío atiende a los intereses de las clases dominantes.
Por otro lado, la consolidación del Estado en su faceta más represiva y punitiva, en
ocasiones, alcanza cierto grado de legitimidad incluso a nivel jurídico. En este sentido, la
dimensión penal del Estado –que debería emplearse en último término–, se convierte en el
primer nivel de control social, de manera arbitraria, desigual y, muchas veces, contraria al
Derecho (De Souza Barbosa & Morgadinho dos Santos Coelho, 2017).
Sánchez Chirino (2011) realiza una crítica a la razón instrumental y estratégica que
caracteriza al Derecho moderno. Señala que se ha producido una reducción de la noción de
seguridad restringida al derecho penal preventivo para la reducción de riesgos. El modelo
preventivista incorpora una amplia lista de acciones sobre las que es posible intervenir
penalmente, muchas de las cuales no constituyen en sí mismas un delito, lo que multiplica las
posibilidades de criminalización y da sustento al Estado Policial. El autor establece que el
derecho penal se convierte en un instrumento represivo y simbólico. Represivo porque aumenta
la población penal y abarca un catálogo cada vez más riguroso de penas y simbólico por las
acciones discursivas que se despliegan frente al delito y sus autores. En esta línea, Semer (2015)
destaca el papel activo y central de los medios de comunicación masiva en la interpelación al
derecho penal. Desde la construcción mediática, todo lo que pertenece a la órbita del Estado es
presentado como defectuoso, costoso e ineficiente; a excepción del derecho penal que, por el
contrario, es tolerante, permisivo o blando.
15
Los autores consultados grafican la dimensión del derecho penal a partir de los
escenarios particulares de los países en que se inscriben. Así, tanto Sánchez Chirino (2011)
como Cruz Castro (2011), al revisar la situación de Costa Rica, coinciden en señalar una
inflación punitiva y una expansión progresiva del derecho penal hacia nuevas esferas de la vida
cotidiana. En este sentido, Sánchez Chirino (2011) aboga por la urgente implementación de una
política criminal democrática basada en el respeto por la dignidad humana.
Desde Argentina, al revisar el sistema penal juvenil, Silvia Guemureman (2015) destaca
que las medidas punitivas no están dirigidas a todas las juventudes por igual, sino que se enfocan
especialmente en aquellas provenientes de sectores socialmente vulnerables. Una muestra de
esto son los numerosos intentos de introducir modificaciones legislativas violatorias de los
derechos y garantías constitucionales en perjuicio de las y los jóvenes. Se destaca la
presentación de iniciativas, en las Cámaras de Diputados y Senadores, para bajar la edad de
imputabilidad penal en Argentina, las cuales ocurrieron en simultáneo en toda América Latina
y fueron resistidas por diferentes organismos de Derechos Humanos.
En el caso de Brasil, particularmente en Río de Janeiro, Soares e Souza (2015) analiza
el Decreto 44.302/13 que otorga poderes plenos a la gobernación de ese estado. Este
instrumento prestó amparo legal a las represiones conducidas frente a la ola de protestas
sociales, en el año 2012, que repudiaron el aumento desmedido de las tarifas de transporte.
Siguiendo esta línea, otra dimensión central que emerge de los textos revisados se refiere
a la criminalización de la pobreza, de la protesta y de los jóvenes, constituyendo blancos
preferentes para la ejecución de políticas de corte punitivo y represivo.
En este marco, Cunjamá López y Loría Caballero (2010) señalan la necesidad del Estado
Policial de encontrar enemigos internos. Se trata de una lógica del control social para la
contención de “la otredad peligrosa”, encarnada en personas o grupos específicos (juventudes,
sujetos populares, activistas), cuya peligrosidad debe ser administrada. Esta identificación se
apoya en las nuevas tecnologías al servicio de la vigilancia. No obstante, su funcionamiento
está supeditado a que las sociedades se transformen en sociedades de control que encarnen
tecnologías sociales individuales dispuestas para la administración efectiva de riesgos y
peligros. Esto se hace palpable en las campañas impulsadas por los Estados para la denuncia de
acciones ilícitas por parte de la población, constituyéndose en aliada de las fuerzas de seguridad.
16
Por su parte, Cunha (2011) afirma que existe una desigualdad radical en la organización
de estados policiales, puesto que su accionar está dirigido a los sectores populares de la
población. En las narrativas de guerra que imprimen los procesos de policiamiento del Estado,
los sujetos pobres son caracterizados a la manera de un enemigo interno que debe combatirse
y, en ocasiones, eliminarse. Esta construcción de un antagonista despreciable al interior del
propio cuerpo social justifica el empleo de tácticas bélicas para reducirlo y acorralarlo. Esta es
una apreciación que también encontramos en Soares e Souza (2015) y Cárdenas Gracia (2019).
Paralelamente, Nunes Bittencourt (2014) es radical al plantear que, en la historia de las
civilizaciones, el Estado se ha configurado políticamente como un mecanismo represor de las
clases económicamente desfavorecidas, en favor del mantenimiento de los intereses de las élites
sociales. A la par de la cuestión de clase, De Souza Barbosa y Morgadinho dos Santos Coelho
(2017) son categóricos en afirmar que el Estado Policial presenta un componente étnico-racial
en la base de su funcionamiento que se refleja en el superencarcelamiento de sujetos pobres y
negros. Estas políticas que promueven el marcado aumento de las detenciones y
encarcelamientos son asociadas por Cruz Castro (2011) con la injerencia punitivista de Estados
Unidos en América Latina.
Otro punto a destacar es la cuestión de la criminalización de la protesta, la organización
y los movimientos sociales, abordada por Alves (2012), Cárdenas Gracia (2019) y Soares e
Souza (2015). Este último autor sostiene que, sistemáticamente, la respuesta estatal a los
levantamientos populares llega de la mano del aparato policial como operatoria de contención.
De este modo, la criminalización de la pobreza y de la lucha se presentan como dos momentos
coadyuvantes en la consolidación del Estado policial. En esta lógica represiva, el
mantenimiento del orden público y la contención del conflicto social colaboran con el
sostenimiento de las estructuras desiguales de clase (Soares e Souza, 2015).
Otro eje común de discusión que introducen los textos se refiere a los procesos de
militarización de la policía y de policiamiento de las fuerzas militares. Esto da cuenta del trabajo
cohesionado del brazo armado del Estado al servicio de la Seguridad Pública como interés
social fundamental. Nunes Bittencourt (2014) se refiere a la configuración de las fuerzas en
tanto “corporaciones policiales”, “dispositivos represores del Estado” e, incluso, “máquina
opresora del Estado”. Asimismo, llama la atención acerca de la ideología militarista que permea
la formación de los agentes policiales, con los efectos subjetivos que ello supone, en
17
consonancia con lo planteado por Garriga Zucal y Maglia (2018). En sus reflexiones acerca del
combate a las FARC, en Colombia, y al MST, en Brasil, Alves (2012) plantea que la
criminalización creciente de estas organizaciones ha dado lugar a la militarización del aparato
represivo del Estado.
Por su parte, Cárdenas Gracia (2019) denuncia la reforma constitucional sancionada en
2018, en México, la cual otorgó un papel preponderante a la Guardia Nacional (institución
militar) en el resguardo de la seguridad pública. Esto implicó, en la práctica, una restricción de
la acción del poder ejecutivo ampliando las facultades de esta fuerza de seguridad y avaló una
serie de medidas violatorias de los derechos humanos de la población. A raíz de esta situación,
las Naciones Unidas realizaron un llamado de atención a México por la extensión del fuero
militar a ámbitos civiles.
En el marco de los procesos de tecnificación y tecnologización de las fuerzas de
seguridad, Cunjamá López y Loría Caballero (2010) describen el papel fundamental que tiene
la información en los procesos de control. En este sentido, se han ampliado las herramientas
tecnológicas basadas en controles biométricos sobre los cuerpos, así como también aquellas
basadas en el marketing. Así, el control social se construye a partir de la capilaridad de la
información y las tecnologías. Al respecto, los autores plantean que en América Latina no se
cuenta con un ordenamiento jurídico que proteja a la población de estas tecnologías de control,
como sí existe en Estados Unidos y la Unión Europea.
Finalmente, es importante resaltar que los procesos de constitución del Estado Policial
se dan, paradójicamente, en regímenes democráticos. Guemureman (2015) establece que en
América Latina operan sensibilidades punitivas que habilitan avances sobre las libertades y
derechos que, en otros momentos históricos hubiesen sido impensables. En cierto modo,
configuran un aval explícito y una demanda de la población civil para el fortalecimiento del
Estado Policial. Estos discursos han pasado a formar parte de las plataformas electorales de
distintos partidos en la amplitud de todo el arco político. En esta línea, Cunjamá López y Loría
Caballero (2010) destacan que el control social requiere tanto de la participación de toda la
sociedad en las tareas de vigilancia, como en la renuncia a ciertos derechos y garantías al
servicio de la seguridad pública.
En coherencia con lo planteado, Cruz Castro (2011) subraya que las medidas punitivas
impulsadas por el Estado han recibido el apoyo de la población civil, la cual preocupada por la
18
alta sensación de inseguridad, se ha mostrado dispuesta a renunciar a sus garantías
constitucionales en pos de un derecho penal protector de carácter preventivista. Autores como
Semer (2015) plantean, incluso, una interrupción en el proceso democrático por la presencia de
un Estado que se hace cada vez más fuerte en su faceta policial, volcándose hacia la
consagración de la represión.
5. Consideraciones finales
A partir de los trabajos revisados y de la elucidación crítica del concepto Estado Policial,
fue posible identificar al menos cuatro líneas de sentido que los autores latinoamericanos
citados enfatizan. En primer lugar, el papel preponderante del neoliberalismo, no solo en el
terreno económico, sino fundamentalmente a nivel sociopolítico, en su faceta productiva a nivel
de las subjetividades. Se configura, así, un clima de época que enarbola la protección de la
propiedad individual y privada por sobre los derechos sociales, creando un escenario propicio
para el reforzamiento del brazo penal del Estado. Esto va de la mano con la injerencia de
Estados Unidos en las agendas de seguridad de los países latinoamericanos que promueve la
protección de los intereses económicos de las empresas transnacionales, por sobre el bienestar
y los derechos de la ciudadanía.
En segundo lugar, los autores abordan las disposiciones en materia legislativa y jurídica
que colaboran en la habilitación y legitimación del Estado Policial. Estas estrategias se enfocan
en reforzar la acción punitiva y represiva del Estado, restringen la noción de seguridad a la
protección de la propiedad privada desde un modelo preventivista y de riesgo. Con este
objetivo, se produce un aumento del gasto público en equipamiento y personal policial en
detrimento de la inversión en políticas sociales. Este fenómeno va acompañado de una
multiplicación e inflación penal que puede observarse en toda la región. Las modificaciones
legislativas y jurídicas resultan violatorias de derechos y garantías constitucionales y legitiman
la violencia policial.
Como tercer punto, se tematizan los procesos de criminalización de la pobreza, de la
protesta y el conflicto social, y de las juventudes, especialmente de aquellas pertenecientes a
sectores populares. En los diferentes países, los autores constatan una profundización de este
modelo que busca, por medio del control social, sostener el status quo y sofocar las resistencias
que intenten subvertir ese orden.
19
Por último, resulta fundamental la consideración de los regímenes democráticos en que
se inscribe el policiamiento del Estado. En algunos casos, los autores llegan a hablar de
“democracia interrumpida” y, en otros, recuperan el papel vertebral que desempeña el apoyo y
la demanda de “más mano dura” de parte de grandes sectores de la población. Dentro de este
proceso, coinciden en señalar el papel preponderante de los medios de comunicación en la
difusión masiva de hechos de inseguridad y en la inflación de las demandas punitivas de la
población.
En la actualidad, la cuestión de la violencia ejercida por policías, ejércitos y milicias
constituye un nudo problemático que se ha tematizado con mayor vigor en los últimos años.
Asimismo, la historia reciente de América Latina devela el papel central que han ejercido las
fuerzas de seguridad en momentos antidemocráticos: por caso, las dictaduras militares y la
interrupción de gobiernos democráticos. En pasajes aún más recientes, encontramos el caso de
Bolivia, en el año 2019, donde las fuerzas de seguridad desempeñaron un papel fundamental en
la caída del gobierno de Evo Morales. Otra cuestión por destacar es el rol preponderante que
asumieron en la represión de las protestas contra las medidas neoliberales implementadas por
los Estados, como en los casos de Chile, Ecuador, Colombia y Costa Rica, a finales de la última
década y en los primordios de la década actual. Asimismo, los vertiginosos escenarios
delineados por la gestión de la pandemia de COVID-19 dieron lugar al despliegue de nuevas
modalidades de seguridad, control y vigilancia, así como al reforzamiento de los mecanismos
ya vigentes.
Las claves de análisis producidas en los años inmediatamente precedentes nos ayudan a
comprender el devenir de los tiempos actuales en América Latina, atravesados por los resabios
de la magnánima crisis que supuso la pandemia y el consecuente reforzamiento de
desigualdades preexistentes. En el curso de los primeros años de esta década, el papel del Estado
como detentor de la violencia legítima y sus fuerzas de seguridad aparecen en el centro de los
debates políticos y sociales de los diferentes países de la región.
En suma, las caracterizaciones recogidas en este artículo en torno a los procesos de
policiamiento del Estado dan cuenta de su potencial descriptivo para concentrar una serie de
fenómenos dispares —transformaciones económicas, represión de la protesta, encarcelamientos
masivos, violencia institucional, uso de tecnologías de vigilancia y control— que pueden ser
agrupados bajo la noción de Estado Policial. En el presente, se consolida el desafío conceptual,
20
académico y político de comprender las nuevas formas de expresión que ha adquirido el brazo
controlador y punitivo del Estado a la luz de los escenarios actuales. En tal sentido, esperamos
que esta revisión aporte algunas pistas de lectura que propicien nuevos estudios en este campo,
incluso en una clave comparativa entre períodos e interregional.
6. Referencias bibliográficas
Agudelo López, A. (2013). Dispositivos de seguridad o de la actualización del miedo en el
estado contemporáneo. (1era.). CLACSO.
https://public.ebookcentral.proquest.com/choice/publicfullrecord.aspx?p=4721785
Alves, F. A. (2012). Entre as FARC o MST, entre a violência no campo o Estado policial na
América Latina: Aspectos distintos de conflitos agrários históricos no Brasil e
Colômbia. Memorias. Revista Digital de Historia y Arqueología desde el Caribe, 17,
303-339. http://www.scielo.org.co/pdf/memor/n17/n17a11.pdf
Cárdenas Gracia, J. (2019). El debate sobre la Guardia Nacional. Revista de la Facultad de
Derecho de México, 69(274), 173-206.
https://doi.org/10.22201/fder.24488933e.2019.274-1.69907
Ciuffolini, M. A. (2017). La dinámica del neoliberalismo y sus desplazamientos. Para una
crítica inmanente en orden a su superación. Studia politicae, 40, 85-101.
https://doi.org/10.22529/sp.2016-2017.40.04
Cruz Castro, F. (2011). La violencia del derecho penal. Represión punitiva y la postergación
del estado social. Revista Digital de la Maestría en Ciencias Penales, 3, 688-719.
https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/RDMCP/article/view/12435
Cunha, J. R. (2011). Estado Policial ou Estado Social? Da desigualdade radical à exigência de
uma ética da alteridade. Fórum Justiça, 1-24.
https://forumjustica.vlannetwork.com/wp-
content/uploads/2015/08/alas_GT24_Jose_Ricardo_Cunha.pdf
Cunjamá López, E. D., & Loría Caballero, I. H. (2010). Sociedad de la vigilancia y Estado
policial: Análisis de las tecnologías y aparatos de control. El Cotidiano, 161, 5-11.
https://www.redalyc.org/pdf/325/32513865002.pdf
De Souza Barbosa, K., & Morgadinho dos Santos Coelho, N. M. (2017). A questão étnico-
racial do sonho americano: O encarceramento dos pobres e negros no Estado policial.
21
Revista Brasileira de Segurança Pública, 11(1), 164-182.
http://www.revista.forumseguranca.org.br/index.php/rbsp/article/view/787
Foucault, M. (2016a). El nacimiento de la biopolítica (1era. 4ta. Reimpresión). Fondo de
Cultura Económica.
Foucault, M. (2016b). Seguridad, territorio y población. (1era.). Fondo de Cultura Económica.
Garriga Zucal, J., & Maglia, E. (2018). ¿Qué es un policía? Un estudio sobre las
representaciones del trabajo policial. Trabajo y Sociedad, 31, 15-31.
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=387359235002
Guemureman, S. (2015). Jóvenes y sistema penal: De las leyes que no fueron y de las leyes que
pueden ser. El espejo de Brasil | Voces en el Fenix. Voces en el Fénix, 51, 80-89.
http://vocesenelfenix.com/content/j%C3%B3venes-y-sistema-penal-de-las-leyes-que-
no-fueron-y-de-las-leyes-que-pueden-ser-el-espejo-d
Guemureman, S., Otamendi, A., Zajac, J., Sander, J., & Bianchi, E. (2017). Violencias y
Violencias estatales: Hacia un ejercicio de conceptualización. Revista Ensambles, 1(7),
12-25. http://www.revistaensambles.com.ar/ojs-
2.4.1/index.php/ensambles/article/view/87
Job, S. (2013). El pueblo cordobés a principios de siglo XXI: entre el Capitalismo, el Poder y
la Resistencia. Universidad Nacional de Córdoba.
Nunes Bittencourt, R. N. (2014). A configuração do Estado Opressor e o projeto de resistência
multitudinária contra a violência policial. Revista Espaço Acadêmico, 14(159), 28-41.
http://www.periodicos.uem.br/ojs/index.php/EspacoAcademico/article/view/24439
Sánchez Chirino, A. (2011). Política criminal, riesgo e inseguridad. Un análisis en las antípodas
del derecho penal moderno. Revista Digital de la Maestría en Ciencias Penales, 3, 660-
686. https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/RDMCP/article/view/12434
Sánchez-Meca, J. (2010). Cómo realizar una revisión sistemática y un meta-análisis. Aula
Abierta, 382(2), 53-64. https://www.scientific-european-federation-osteopaths.org/wp-
content/uploads/2019/01/C%C3%B3mo-realizar-una-revisi%C3%B3n-
sistem%C3%A1tica-y-un-meta-an%C3%A1lisis.pdf
Semer, M. (2015). A Democracia Interrompida e o Crescimento do Estado Policial. Escola da
Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, 18(67), 243-255.
https://www.emerj.tjrj.jus.br/revistaemerj_online/edicoes/revista67/revista67_243.pdf
22
Soares e Souza, T. L. (2015). Estado Policial e Criminalização dos Movimentos Sociais. Notas
sobre a Inconstitucionalidade do Decreto no 44.302/13 do Governo do Estado do Rio de
Janeiro. Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, 18(67), 185-205.
https://www.emerj.tjrj.jus.br/revistaemerj_online/edicoes/revista67/revista67_185.pdf
Valenzuela Arce, J. M. (2018). Juvenicidio: Ayotzinapa y las vidas precarias en América Latina
y España (1era.). NED Ediciones.
Wacquant, L. (2004). Las Cárceles de La Miseria. Manantial.
Wacquant, L. (2012). Three steps to a historical anthropology of actually existing neoliberalism.
Social Anthropology, 20(1), 66-79. https://doi.org/10.1111/j.1469-8676.2011.00189.x
Wacquant, L. (2006). Castigar a los parias urbanos. Antípoda. Revista de Antropología y
Arqueología, 2, 59-66.
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S1900-
54072006000100005&lng=en&nrm=iso&tlng=es
