N°: 115
PROGRAMA DE POSGRADO: MAESTRÍA EN DERECHO PENAL Y PROCESAL PENAL
AÑO: 2026
AUTORA: MARILIN STEFANY IRALA DUARTE
RESUMEN:
El trabajo examina la prejudicialidad impositiva como eje del proceso penal tributario en Paraguay y sostiene que la acción penal por evasión debe fundarse, necesariamente, en una resolución administrativa firme que establezca la existencia y cuantía del tributo emitido. Esta exigencia ordena la secuencia determinación administrativa – persecución penal, evita fallos contradictorios entre fueros y asegura el apego a los principios de legalidad, especialidad y seguridad jurídica. El estudio describe la distribución de competencias: la administración tributaria define hecho imponible, períodos y montos; el juez penal se concentra en dolo, culpabilidad y sanción, sin reabrir un litigio contable dentro del juicio. Asimismo, se reconoce que pueden practicarse actos de investigación frente a conductas autónomas, pero no avanzarse a juicio sin firmeza administrativa. Metodológicamente, el trabajo articula fundamentos normativos y doctrinales con pautas operativas; coordinación interinstitucional entre SET, Ministerio Público y Poder Judicial, estándares probatorios y motivación reforzada, y uso responsable de peritajes y evidencia digital. Se propone medir tiempos se suspensión por prejudicialidad y plazos razonables en la vía administrativa para prevenir dilaciones y prescripción, y focalizar recursos en casos de alto impacto con base técnica madura. La resolución firme ingresa como soporte documental esencial, pero no vincula al juez respecto de los elementos subjetivos del tipo penal. En política criminal, se destacan la especialización de unidades económicas, la interoperabilidad tecnológica con controles de legalidad, necesidad y proporcionalidad, y la integración de ética pública, compliance y cooperación regulatoria en la acusación y la sentencia. Estas herramientas, aplicadas con cautela, refuerzan garantías y calidad probatoria, favorecen terminaciones anticipadas orientadas a la reparación del daño y elevan la eficacia sin convertir el proceso penal en instrumento de presión recaudatoria. Las conclusiones recomiendan consolidar protocolos, indicadores de desempeño y control judicial de inactividad administrativa, para que la prejudicialidad funcione como garantía y condición de validez, y no como traba, del enjuiciamiento penal tributario.