La inclusión en los sistemas educativos y en la sociedad es un principio fundamental basado en los derechos humanos, lo que implica garantizar la participación plena de todas las personas en la educación y en la vida cotidiana (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, 2020). Desde una perspectiva educativa y psicopedagógica, la inclusión se entiende como un proceso que busca eliminar las barreras que limitan el acceso, la permanencia y el aprendizaje de los estudiantes, especialmente aquellos en situación de vulnerabilidad (Reyes-Parra, 2020). En este sentido, la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) establecen la obligación de los Estados de garantizar el derecho a una educación inclusiva y equitativa (UNESCO, 2020).

En este marco, la inclusión no se limita exclusivamente a los estudiantes con discapacidad, sino que también abarca a aquellos pertenecientes a grupos vulnerables, tales como migrantes, refugiados, poblaciones indígenas y personas que residen en comunidades remotas o en contextos urbanos de alta vulnerabilidad (UNICEF, 2020). Además, se reconoce la necesidad de proporcionar apoyos específicos para aquellos estudiantes con trayectorias escolares interrumpidas o condiciones personales particulares que requieran ajustes de cara a alcanzar sus metas académicas y personales (Ministerio de Educación y Ciencias, 2014). Añadiendo a la atención a la inclusión, entran las altas capacidades (Medina-Castro y otros, 2024), las cuales requieren estrategias específicas, incluyendo un enfoque interdisciplinario, fomentando competencias de innovación y diseño (Vuyk, 2024). 

A pesar de los esfuerzos normativos en América Latina y el Caribe, persisten desafíos en la implementación de políticas inclusivas. Si bien el 95% de los países de la región han desarrollado legislaciones sobre discapacidad, el 66% sobre género y el 64% sobre minorías étnicas e indígenas, en un 42% de los países se continúa impartiendo educación a personas con discapacidad en espacios segregados (UNESCO, 2020).

En el caso de Paraguay, aunque se han logrado avances, persisten desigualdades en la inclusión (Ayala, 2019). Los datos muestran que el 32% de la población indígena es analfabeta y que los adolescentes con discapacidad de entre 12 y 17 años tienen un 10% menos de probabilidades de asistir a la escuela en comparación con sus pares sin discapacidad (UNESCO, 2020). Según el Censo 2022, el 1,67% de las personas de entre 5 y 19 años presentan algún tipo de discapacidad (Instituto Nacional de Estadística, INE, 2022), mientras que el 2,34% de la población total está compuesta por inmigrantes (INE, 2024). Además, el 22,7% de la población se encuentra en situación de pobreza extrema (INE, 2024), lo que incide directamente en sus oportunidades educativas y, por ende, una inclusión a la sociedad (Novillo Díaz, 2019). 

En Paraguay, la Ley de Educación Inclusiva Nº 5136/2013 establece el marco legal para garantizar el acceso, la permanencia y el aprendizaje de todos los estudiantes, promoviendo ajustes razonables y estrategias pedagógicas adecuadas para la diversidad del alumnado (Congreso Nacional de Paraguay, 2013). Además, atendiendo puntualmente a las altas capacidades, se crea la Resolución Nº 1.188/2023, en donde se establece los procedimientos para el acompañamiento curricular a estudiantes con altas capacidades (Congreso Nacional de Paraguay, 2023). 

Los cambios en el día a día, que se dan en todos los ámbitos de la vida, hacen que los docentes, encargados de la formación de la ciudadanía del presente y del futuro, tengan que innovar en metodologías para alcanzar los fines de la educación paraguaya (MEC, 2014). Estos cambios sugieren la necesidad de apoyo de profesionales de la psicopedagogía en la labor conjunta con el docente (Albornoz y Jurado, 2022). 

La inclusión exige docentes que trabajen de manera colaborativa, se formen continuamente, exploren diversas metodologías y reflexionen sobre sus prácticas para asegurar que ningún estudiante quede excluido del acceso a una educación de calidad (Albornoz y Jurado, 2022).

En este contexto, los profesionales en psicopedagogía desempeñan un rol clave al proporcionar herramientas a personas de grupos vulnerables, facilitando así una inclusión efectiva (Serra Capallera, 2010). Para ello, se deben incorporar metodologías innovadoras que amplíen el alcance y la efectividad de las prácticas inclusivas (Albornoz y Jurado, 2022). Innovar en educación debe entenderse como la implementación de metodologías que despierten en los estudiantes el deseo de aprender (Rivas, 2018). Este enfoque interpela a los docentes a reflexionar sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje, no solo para transmitir conocimientos, sino también para aprender y participar activamente en dicho proceso (Furman, 2021).

Al analizar estas prácticas y la convergencia de sus elementos, se puede explorar cómo se alcanzan logros de aprendizaje que se consideran “significativos” cuando se consolida un aprendizaje “profundo” (Whitehead, 1929). El aprendizaje profundo es clave en la inclusión, ya que permite a los estudiantes relacionar lo nuevo con su realidad. Además, las metodologías activas promueven la participación de todos los estudiantes, independientemente de sus condiciones o antecedentes (Silva y Maturana, 2016; Robledo y otros, 2015). 

Al respecto del aprendizaje, los bajos niveles de logro en comprensión lectora, evidenciados por las pruebas nacionales e internacionales como Sistema Nacional de Evaluación del Proceso Educativo (SNEPE), el Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes para el Desarrollo (PISA-D) y el Estudio Regional Comparativo y Explicativo (ERCE), destacan una barrera para la inclusión educativa. Los estudiantes paraguayos se encuentran por debajo de la capacidad de inferir y explicar textos con sus propias palabras, lo que limita la participación plena tanto en el proceso de aprendizaje como en la sociedad (MEC, 2023). Esto demuestra la urgencia de implementar estrategias inclusivas y adaptadas a las realidades del contexto educativo, con el fin de mejorar estos resultados y asegurar que todos los estudiantes puedan alcanzar las metas académicas y personales. 

En sintonía con el lema del congreso, que invita a generar espacios de formación, capacitación, intercambio y difusión del conocimiento, la práctica y la innovación desde una mirada educativa y psicopedagógica, se reconoce la importancia de impulsar experiencias enriquecedoras e investigaciones en el ámbito de la educación y la psicopedagogía. En este sentido, la finalidad del congreso sigue los lineamientos del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4 de la Agenda 2030 “Educación de Calidad, Inclusiva y Equitativa”, apoyando, fortaleciendo y consolidando la política educativa nacional en entornos de aprendizaje seguros, inclusivos y eficaces a partir del contacto entre educadores, futuros educadores, profesionales del ámbito educativo y familias desde distintas instituciones de la región, del país y del exterior.